Por Bruno Cortés

 

Con el nuevo aire que trae la LXVI Legislatura, el caso del senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas se convierte en un tema candente. Apenas un mes después de asumir su cargo, desde la Cámara de Diputados se anunció que se dará seguimiento a las solicitudes de juicio político, y el expediente de “Alito” será revisado con lupa para determinar si hay motivos suficientes para proceder.

Hugo Eric Flores, diputado de Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional, fue claro al señalar que si se encuentran elementos suficientes, el proceso seguirá adelante. Sin embargo, advirtió que no habrá un carácter de urgencia en esta revisión, pues existen alrededor de mil 200 demandas de juicio político pendientes en la Cámara. “Yo no hablaría de prioridades, quiero ver qué hay en ese asunto”, enfatizó Flores, quien se comprometió a examinar el expediente con la rigurosidad que se merece.

Las acusaciones en contra de Moreno han crecido, especialmente tras sus declaraciones sobre presuntas presiones de la Cuarta Transformación (4T) para que senadores del PRI votaran a favor de reformas constitucionales. A pesar de la tensión, Flores negó que la revisión del juicio político se base en una vendetta. “No me nombraron presidente de una comisión para acumular expedientes”, aclaró, subrayando que su papel es asegurar que cada caso sea tratado con seriedad y justicia.

Por su parte, Alito ha denunciado lo que considera una persecución política, afirmando que sus críticas a la 4T han desatado este embate en su contra. Sin embargo, el trasfondo de este juicio político radica en investigaciones más profundas. En agosto de 2022, la Fiscalía General del Estado de Campeche abrió un procedimiento que busca investigar su posible implicación en delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El caso gira en torno a la adquisición de una mansión de lujo, valorada en más de 130 millones de pesos, construida durante su mandato como gobernador de Campeche (2015-2019). Renato Sales Heredia, quien presentó el caso en San Lázaro, indicó que hay una clara desproporción entre los ingresos declarados por el legislador y las propiedades que afirma poseer. Además, se descartó cualquier intento de usar el caso como una herramienta de persecución política, a pesar de la polémica generada por la difusión de audios comprometedores en el programa “El Martes del Jaguar”.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encargada de llevar a cabo el debido proceso en este caso, aún no ha realizado un debate sustancial desde su conformación, lo que ha generado especulaciones sobre la marcha de la investigación. La primera sesión, prevista para diciembre de 2022, no se concretó, dejando el caso en un limbo que podría interpretarse como una pausa en el proceso.

Con la atención puesta en lo que sucederá en los próximos días, el caso de “Alito” no solo representa un enfrentamiento político, sino también un reflejo de las tensiones y desafíos que enfrenta el sistema judicial en México. La búsqueda de justicia, transparencia y rendición de cuentas está más presente que nunca, y el futuro de Alejandro Moreno podría ser un termómetro de cómo se manejarán estos temas en la actual legislatura.

 

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