Se difundió información sobre un presunto caso de acoso en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó que no hay suficientes elementos para acreditar ninguna falta. Esta declaración es respaldada por la negativa de Giovanna Perales a someterse a una prueba pericial en psicología.
“Del análisis practicado al escrito y de la evidencia obtenida, se advirtió que no existen elementos que acrediten las violaciones a los derechos humanos, aunado a su negativa expresa a someterse a la prueba pericial en psicología ante este Organismo Nacional, a fin de poder continuar con la presente investigación y estar en posibilidad de allegarnos de elementos probatorios suficientes y poder valorarlos en su conjunto, de conformidad con los artículos 39 fracción III, IV y 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, se lee en el veredicto del expediente CDNH/6/2024/6129/Q, concluido desde el 28 de junio pasado.
María del Carmen Ojesto Martínez, en la resolución emitida por la directora General Encargada de Despacho de la Sexta Visitaduría General, apuntó que “no existe ningún antecedente, previo de que haya formulado alguna queja ante el Comité de Ética o en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Federal del Consumidor, por el cual se advierta que personal de la PROFECO haya sido omiso en atender su reclamación conforme al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2020”.
La CNDH informó, a través del oficio PFC/CGA/CE/ST/020/2024, que no se registró ninguna vulneración en archivos físicos ni digitales. Además, señaló que Giovanna no se volvió a comunicar, ni telefónica ni por escrito, cuando se le solicitó cumplir con el análisis psicológico.
David Aguilar Romero, ahora al frente de Profeco, señaló en el documento que el recuento de puestos hecho por la denunciante no se ajusta a la realidad.
El recuento de puestos realizado por la denunciante, según el documento proporcionado por el actual titular de Profeco, David Aguilar Romero, no corresponde con la realidad.
Perales Salem, quien estaba asignada a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de la Subprocuraduría Jurídica como Jefe de Departamento “C” en modalidad eventual, presentó su renuncia voluntaria el 16 de abril de 2023 con el propósito de cambiar de área de trabajo. Aguilar Romero no tenía responsabilidad sobre esta área. La renuncia se justificó en que su contrato eventual vencía el 15 de abril de 2023. El 1 de mayo de 2023, asumió el puesto de Jefe de Departamento “A” en la Coordinación General de Educación y Divulgación, donde ocasionalmente asistía al ahora procurador con labores administrativas, en un ambiente cordial y respetuoso, según lo confirmado por la secretaria y el chofer.
Al pedirle que estuviera alerta para la designación de un nuevo responsable en la Coordinación, habrían comenzado las tensiones.
“Una vez ya en el cargo de titular, le exigió que le ayudara a ser adscrita o comisionada a otra área para poder conservar su empleo hasta el 31 de diciembre de 2023, toda vez que el Coordinador Administrativo de la Coordinación General de Educación y Divulgación le informó que requerían realizar cambio y ocupar la plaza de confianza que ostentaba, pero buscarían la forma de reasignarla en otra posición. Por lo que, le comentó que vería la forma de apoyarla conforme a la normatividad administrativa aplicable”, se añadió en la carpeta de seguimiento.
La intención siempre fue proteger su “estabilidad laboral”, por lo que se le ubicó en la Oficina de Mejoramiento Operativo de la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor. A pesar de su renuncia voluntaria el 15 de enero de 2024, se acordó un nuevo contrato por honorarios que se mantuvo hasta el 15 de marzo.
En su esfuerzo por que el acuerdo se extendiera hasta junio, Perales Salem habría enviado mensajes de WhatsApp con insinuaciones desde finales de 2023, las cuales serían contrarias al Código de Ética, para alargar su estadía.
Luego de documentarse el incumplimiento de los horarios laborales de Giovanna, y ante las negativas para que continuara en su puesto, se optó por terminar su relación laboral, así como la de otras 25 personas cuyo contrato expiró.
Además de una indemnización por reparación del daño para evitar la divulgación del supuesto acoso y abuso laboral, la quejosa exigía que el monto se determinara en función de las capacidades de la Procuraduría y de los presuntos responsables. Antes de su presentación ante las autoridades, solicitaba a Profeco un contrato por honorarios desde marzo hasta junio con un salario de nivel de director de área, al considerarlo el tabulador más alto.
Ante las posibles infracciones que podrían ser meramente administrativas, la CNDH detalló que se remitió el asunto al OIC de Profeco para el inicio de las indagaciones adecuadas.