El pasado 21 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó la orden de captura contra José Luis Moyá Moyá en cumplimentó una orden de aprehensión en la Ciudad de México tras meses de investigaciones que lo vinculan con delitos de lavado de dinero, y anunció que será trasladado a un reclusorio de la capital en las próximas horas, donde enfrentará las acusaciones por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La investigación, que se había iniciado en marzo de 2023, cobró mayor relevancia luego de que un video difundido en redes sociales revelara irregularidades financieras en la familia Moyá. En el material, se evidencia que Rosa María Moyá, madre del acusado, movía grandes cantidades de dinero, a pesar de no tener actividad económica visible, salvo labores domésticas. Unicamente en 2020, sus gastos superaron los 11 millones de pesos, mientras que entre 2019 y 2021 habría realizado transferencias por más de 5 millones de pesos a su yerno, Luis Ceferino Macías Noguera.
Estos movimientos bancarios levantaron sospechas, ya que no se ha podido justificar el origen de los recursos. Las autoridades han puesto especial atención en el papel de José Luis Moyá, quien ha sido señalado en diversas ocasiones por usar la información obtenida a través del acceso a la transparencia para extorsionar a funcionarios, políticos y empresarios durante los últimos 15 años.
Desde 2002, Moyá ha presentado más de 1,100 solicitudes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y ha interpuesto 700 recursos de revisión, lo que según analistas y víctimas ha sido parte de un esquema de presión para obtener beneficios económicos.
El historial de Moyá en el ámbito público ha estado plagado de señalamientos. En 2003, mientras colaboraba en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se le acusó de hacerse pasar por secretario particular de Salvador Abascal Carranza, entonces presidente de la Comisión de Hacienda. Moyá utilizaba esa posición para acceder a información confidencial en dependencias públicas, con el fin de lucrar con ella. Cuando Abascal descubrió sus maniobras, rompió toda relación, lo que provocó una demanda de 10 millones de pesos por daño moral, la cual fue desestimada por la justicia.
Otro caso relevante ocurrió en 2006, cuando Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación. Miranda de Wallace declaró que Moyá le solicitó dinero a cambio de no afectar su imagen pública.
La detención de José Luis Moyá marca un importante avance en las investigaciones que lo señalan por participar en una red de lavado de dinero y extorsión, poniendo fin, al menos temporalmente, a su larga trayectoria de manejos irregulares.