Por Fernando Polanco corresponsal en Colombia
El caso de Brandon Zuluaga Castro ha abierto una nueva herida en el ya maltratado sistema de justicia colombiano. Con acusaciones que van desde el abuso sexual de una menor en Indonesia hasta su implicación en un complot para asesinar al presidente Gustavo Petro, Zuluaga Castro se ha convertido en el rostro de un escándalo que expone una red de corrupción y criminalidad que trasciende fronteras. Pero, ¿realmente la Fiscalía está comprometida con llevarlo ante la justicia?
El abogado Javier Mejía Arias, responsable de la denuncia presentada el pasado 8 de julio de 2024, asegura que Zuluaga Castro mantiene vínculos con la mafia de Dubái en Colombia, una revelación que solo intensifica las preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en las altas esferas del poder. Sin embargo, los antecedentes de la justicia colombiana generan serias dudas sobre si esta investigación avanzará de manera imparcial o si se verá atrapada en las redes de corrupción que plagan al país.
Una investigación plagada de incógnitas
Las preguntas abundan y las respuestas son escasas. ¿Qué ha hecho la Fiscalía hasta ahora? Pese a la gravedad de las acusaciones, la colaboración con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se percibe más como un gesto de desesperación que como un verdadero esfuerzo por desmantelar la red de poder criminal detrás de Zuluaga Castro. En un país donde la justicia es tan impredecible como una ruleta rusa, las expectativas son bajas.
Mientras tanto, la presunta violación en Indonesia sigue siendo un punto oscuro en este caso. A pesar de la seriedad de las acusaciones, la falta de pruebas concretas genera más incertidumbre que certezas. El nombre de Zuluaga Castro ha resonado en redes sociales y en un video de testimonio inédito, pero la ausencia de evidencia sólida deja un vacío que el sistema judicial parece incapaz —o poco dispuesto— a llenar.
La sombra de la corrupción
La corrupción y la fuga de información son también un factor determinante en este caso. Mejía Arias ha expresado su preocupación por la posibilidad de que las investigaciones estén contaminadas desde el principio, lo que refuerza la sensación de impunidad. ¿Puede el sistema judicial colombiano afrontar este proceso con la transparencia que exige? La historia nos dice que no.
El caso de Brandon Zuluaga Castro es una prueba de fuego para la justicia en Colombia. Si la Fiscalía fracasa en este proceso, será otro clavo en el ataúd de un sistema que parece más interesado en proteger a los poderosos que en castigar a los culpables. La paciencia de los colombianos está agotándose, y este escándalo podría ser la chispa que desate una demanda colectiva por un cambio real.