Guanajuato a 4 de abril, 2024.- En un giro alarmante que subraya la intersección de la violencia política y el crimen organizado en México, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato reveló que el Cártel de Santa Rosa de Lima podría estar detrás del asesinato de Gisela Gaytán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. La trágica muerte de Gaytán, ocurrida tras su primer mitin de campaña en San Miguel Octopan, ha sacudido a la comunidad y pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad de los candidatos en regiones asoladas por el narcotráfico.

 

Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato, indicó en una entrevista para Telediario que existen indicios que señalan la participación de miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima en este atroz crimen. Con más de 30 pruebas procesadas, las autoridades están cerca de identificar a los responsables, gracias a una intensa labor de investigación que ha delineado una «línea muy definida» hacia los perpetradores.

 

La implicación de un grupo criminal tan notorio en el asesinato de una figura política como Gaytán no solo es un desafío directo a las instituciones democráticas del país, sino que también subraya el poder e influencia de los cárteles en la vida política local. El Cártel de Santa Rosa de Lima, conocido por su violenta disputa territorial con otros grupos criminales en Guanajuato, ahora parece estar expandiendo su alcance a actos de violencia política.

 

La muerte de Gaytán es un sombrío recordatorio de los peligros que enfrentan los políticos en áreas controladas por el narcotráfico, donde la lucha por el poder se cobra vidas sin distinción. A medida que la investigación avanza, la comunidad de Celaya y el estado de Guanajuato esperan respuestas y justicia para Bertha Gisela Gaytán, cuya campaña electoral terminó abruptamente en tragedia.

 

Este caso resalta la urgente necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para los candidatos y abordar el problema de la violencia política en México. Con el país en camino a las elecciones, la seguridad de los participantes se convierte en una prioridad máxima para garantizar un proceso democrático libre de intimidación y violencia.

 

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